La producción normativa en Canarias

Artículo publicado por D. José Carlos Francisco en La Gaveta Económica en el número de febrero de 2017.

“Papeles de Economía Canaria”, son documentos de trabajo que elaboramos entre la Fundación DISA y Corporación 5, sobre asuntos significativos para la economía de las islas y que por su carácter no estrictamente coyuntural, no son debidamente tratados o debatidos por la sociedad.

El último número versa sobre “La producción normativa de Canarias” y demuestra bien a las claras el peso regulatorio que soportan los ciudadanos, las empresas e incluso las administraciones públicas en su devenir diario.

Algunas cifras no dejan lugar a duda. Se han aprobado 100.000 normas europeas, 41.000 normas estatales y 14.000 autonómicas canarias. Aunque el stock es inabordable para cualquier mortal, seguimos generando más y más regulación en todos los sectores, en todos los ámbitos y en todas las administraciones. Solo la Unión Europea parece haber aplacado algo sus ansias, pues de manera explícita ha asumido el reto de la simplificación. En concreto, en la comunicación de la Comisión Europea de 14 de septiembre de 2016, se señala que la legislación es un medio y no un fin en sí misma y es necesario que esté escrita de manera adecuada y simple, estar basada en datos, además de realizarse un seguimiento y evaluación de la misma.

Solo el Parlamento Canario ha aprobado entre 1983 y 2015, la friolera de 349 leyes territoriales y 3791 decretos del Gobierno. Es decir, una ley y diez decretos al mes.

Pienso que ahora el principio que debe inspirar a nuestros parlamentarios, es “legislar menos y mejor”. La cantidad no siempre es sinónimo de calidad, por consiguiente la métrica debe ser otra. En particular, el principio de que a cada ley nueva, se derogan dos preexistentes, no es nada descabellado, teniendo en cuenta además, que habrá que regular nuevos marcos económicos y sociales, producto de las nuevas tecnologías y su afección a los modelos de negocio y relaciones sociales.

En definitiva, Los Textos Refundidos son un buen instrumento para aunar la normativa referente a un mismo asunto, facilitando la comprensión de los ciudadanos. Así mismo, establecer objetivos cuantificables de reducción normativa en cada legislatura e introducir el criterio 2×1, es decir, eliminar dos leyes por cada nueva, son una buena forma de empezar a cambiar la lógica legislativa y adaptarla a los nuevos tiempos.