¿CÓMO REDUCIR LA DESIGUALDAD?

Artículo publicado por José Alberto León Alonso el 17/11/13 en Diario de Avisos.

Casi una década después de que Zapatero proclamara que bajar impuestos era de izquierdas, el PSOE vuelve a proponer una nueva bajada de impuestos en el Impuesto sobre la Renta (IRPF). En apariencia, el cambio es de lo más progresista, con los pobres pagando menos y los ricos más. En la práctica, comete el habitual error de darle una importancia desproporcionada a cómo se recaudan los impuestos y no a cómo se gastan.

Ya sé que lo que digo no da votos pero, aunque sea predicar en el desierto, lo volveré a repetir. La renta no se redistribuye a través de los impuestos, sino del gasto. El estudio de la Luxembourg Income Study Database muestra el efecto de los impuestos (sobre el trabajo o el consumo) y el gasto (los programas de desempleo, becas, ayudas sociales o pensiones) sobre la distribución de la renta en diez países desarrollados (Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Australia, Países Bajos y Canadá) y sus conclusiones son claras.

1º) La reducción de la desigualdad vía impuestos es ínfima independientemente del diseño impositivo de los países, con mayores o menores impuestos.

2º) La reducción de la desigualdad mediante los programas de gasto es mucho más efectiva, aunque depende de la política de gasto social en cada país. Mientras en Estados Unidos o Canadá el impacto de la protección social es muy reducido, en Escandinavia logran reducciones extraordinarias. La clave está en la naturaleza y la cuantía del gasto social del Estado. Cuando el gasto social se concentra en los grupos más desfavorecidos, la desigualdad se reduce mucho más que con los intentos redistributivos a partir del sistema impositivo.

El problema con los altos tipos marginales en el IRPF es que el alto nivel de progresividad en las rentas del trabajo crea unas distorsiones a los incentivos a trabajar bastante considerables. Los impuestos altos sobre las rentas del trabajo recaen sobre un colectivo muy específico: los asalariados de alto nivel y competencia, que son precisamente aquellos que tienen flexibilidad suficiente para decidir cuántas horas trabajar. Así que cuando los castigas con una alta fiscalidad (56% en Cataluña, por ejemplo) disminuyen sus horas de trabajo y aumentan su tiempo de ocio, ya que no les compensa trabajar más para que el Estado se apropie de la mayor parte de sus ingresos adicionales. En consecuencia, la recaudación para el Estado paradójicamente acaba disminuyendo. En general, genera menos distorsiones un impuesto bajo sobre una base amplia de contribuyentes que un impuesto alto sobre un número reducido. El impuesto de tipo único sobre la renta de las personas físicas parte de esta idea. El objetivo es eliminar las múltiples deducciones existentes sobre la base imponible del IRPF, que ascenderán en 2014 nada menos que a 38.360 millones de euros, a fin de establecer un tipo impositivo único relativamente bajo e introducir la progresividad con un amplio tramo exento por debajo del cual no se pagaría nada. En cuanto a las rentas del capital no existen razones para introducir progresividad en su gravamen, dado que los individuos menos afortunados tienen niveles bajos o nulos de esta fuente de renta, pero sí que debería incrementarse su tipo impositivo, ahora entre el 21% y el 27%. Juan Carlos Conesa en su excelente artículo “Desigualdad y progresividad fiscal” sugiere que el grado óptimo de progresividad en la imposición de la renta se obtiene con un tipo único del 23% y un tramo exento de unos 4.250 euros sobre las rentas del trabajo, junto con un tipo único sobre las rentas de capital del 36%. Este sistema fiscal permite obtener el nivel de progresividad deseado con la menor distorsión posible en las decisiones individuales. El sistema añade otra gran ventaja: su simplicidad. La simplicidad es un valor en sí mismo, pues incentiva el cumplimiento, facilita la labor de inspección y comprobación de la Agencia Tributaria y favorece la lucha contra el fraude fiscal.

¿Existen más políticas de éxito contrastado para reducir la desigualdad que sean complementarias con el impuesto de tipo único sobre la renta? Roger Senserrich señala, entre otras, el crédito fiscal sobre las rentas del trabajo y el fomento de las guarderías y la educación infantil públicas.

Con el crédito fiscal sobre las rentas del trabajo cualquier trabajador con ingresos bajos percibe una subvención en forma de crédito fiscal para complementar su sueldo, es decir, una cantidad que se reduce progresivamente según aumenta su salario. Establecido en Estados Unidos, es uno de los programas de reducción de pobreza más efectivos del país, con más de 21 millones de familias beneficiarias. La máxima subvención para una persona sin hijos es de 475$, mientras que con un hijo se incrementa hasta los 3.170$, hasta los 5.236$ con dos hijos y hasta los 5.891$ con tres o más hijos. Se trata de una variante de una propuesta de Milton Friedman, el impuesto negativo sobre la renta, pero limitando el acceso exclusivamente a las personas que trabajan. Este programa social cuenta con varias ventajas: primero, incentiva al trabajo, potenciando los ingresos incluso en empleos marginales. Segundo, crea un incentivo tremendo para emerger parte de la economía sumergida ya que declarar salarios bajos (los propios de la economía sumergida) genera derecho a subvención. Tercero, no desincentiva a los perceptores de prestaciones a aceptar un trabajo, pues cualquier subida salarial viene acompañada de una subida de ingresos, ya que el crédito fiscal va desapareciendo de forma progresiva. Cuarto, el dinero va dirigido sólo a quien más lo necesita, sin malgastar recursos subvencionando a las clases medias. Y quinto, aumenta la participación laboral, ya que incluso un trabajo a tiempo parcial genera ingresos sólidos cuando se le suma el crédito fiscal.

Si los resultados del programa lo hacen tremendamente efectivo para reducir los niveles de pobreza ¿por qué entonces reducirlo solo a trabajadores, y no universalizarlo como proponía Friedman? Primero, porque un impuesto negativo puro (una renta mínima para todo ciudadano, trabaje o no) devendría insostenible al subvencionar de forma permanente a quien nunca ha mostrado deseo alguno de trabajar. Y segundo, porque queremos generar incentivos para que la gente trabaje, no para que no lo haga.

En cuanto al gasto en guarderías y educación infantil para familias de escasos recursos, la literatura económica es contundente: no hay inversión con un mayor impacto para mejorar la igualdad de oportunidades que la educación en primera infancia (de 0 a 3 años) de los niños de familias con renta reducida. ¿Por qué? Primero, mejora la educación de los niños de familias desfavorecidas, algo que redunda en el acceso futuro a mejores puestos de trabajo con mayores ingresos. Segundo, facilita la conciliación de la vida familiar y laboral permitiendo que los padres (especialmente las mujeres) no se vean obligados a elegir entre su carrera profesional o el cuidado de sus hijos, al carecer de fondos suficientes para pagar guarderías privadas. Y tercero, fomenta el incremento de la natalidad, lo que a largo plazo contribuirá a pagar las pensiones. El ciudadano con bajos ingresos necesita guarderías públicas para seguir trabajando una vez tiene un hijo y no deducciones en el IRPF que de nada sirven. Otra vez, no son los impuestos sino el gasto el que genera equidad y reduce la desigualdad ¿No sería mejor proponer soluciones con probada eficacia para reducirla, en lugar de remedios ineficaces pero electoralmente rentables?