Balón de oxígeno

Artículo publicado por José Alberto León Alonso en El Día el 24/04/16.

El Gobierno de España ha solicitado a Bruselas aplazar un año la consolidación fiscal del déficit de las administraciones públicas. Así, de un déficit previsto del 2,8% del PIB en 2016, se ha pasado a un 3,6%. Esas ocho décimas se reparten entre las Comunidades Autónomas (CC.AA.), cuyos números rojos podrán ascender este año al 0,7% del PIB, en lugar del 0,3%, y la Seguridad Social, cuyo agujero presupuestario previsto sube al 1,1%.

Esta relajación en la senda de consolidación presupuestaria supone un balón de oxígeno para las CC.AA. pues, con el nuevo objetivo, las regiones tendrán que hacer un ajuste de unos 7.000 millones de euros en lugar de los 14.000 millones establecidos inicialmente. En términos relativos, el esfuerzo consiste en pasar del déficit del 1,66% del PIB del pasado año, al 0,7%. Esta reducción de los números rojos no tendría por qué suponer ajustes adicionales para las regiones, ya que está previsto que este año ingresen unos 7.400 millones de euros adicionales a cuenta de la liquidación presupuestaria del año 2014, así como que se beneficien de un ahorro extraordinario al “subvencionar” el Estado unos 3.000 millones de euros de intereses de la nueva deuda emitida a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) puesto en marcha por el Estado para sacar a las CC.AA. de la quiebra. Así que en la práctica tendrán unos 3.400 millones de euros para gasto adicional aunque, analizadas sus intenciones de gasto, es probable que aun así incumplan el nuevo objetivo de déficit un año más.

Y es que, en cuanto a incumplimientos en el objetivo de déficit de las CC.AA., llueve sobre mojado. La Comisión Europea remitió el mes pasado una advertencia al gobierno español por el riesgo de incumplimiento del déficit de 2016, como paso previo a medidas coercitivas más severas si no se corrigen los desequilibrios. En esta alerta, Bruselas critica con especial énfasis los continuos desequilibrios presupuestarios de las comunidades autónomas (CC.AA.), a los que el Gobierno no pone freno. A lo largo de la crisis, la mayoría de las CC.AA. (con honrosas excepciones, entre las que destaca Canarias) han sobrepasado un año tras otro los límites de déficit marcados por el Gobierno, y en la mayor parte de los casos por una manifiesta falta de voluntad política. El Gobierno del Estado, a través de las facultades que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 le encomienda, tiene competencia y poderes más que suficientes para controlar el déficit de las CC.AA. e imponerles medidas preventivas, correctivas y coercitivas si no lo hacen, pero lo cierto es que no las ejerce. ¿Por qué?

Básicamente porque el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda se guían en su actuación por criterios de oportunidad política. Y ello ha sucedido tanto si la región incumplidora está gobernada por el PP como por otro partido político. En el primer caso no actúa porque no van a enmendarle la plana a los “suyos”, y en el segundo caso, porque en el mejor de los casos inmediatamente se convertiría en un ataque político en toda regla de un partido a su rival, y en el peor en una agresión de España contra (por ejemplo) Cataluña. Así pues, dados los efectos políticos que su actuación ocasionaría, el Gobierno está políticamente, que no jurídicamente, incapacitado para utilizar contra las CC.AA. los mecanismos coercitivos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pese a los reiterados, manifiestos y voluntarios incumplimientos de los objetivos de déficit de algunas de ellas. 

Por este motivo, la capacidad de tomar medidas preventivas, correctivas y coercitivas contra alguna administración pública no puede estar encomendada, como ahora, al Ministerio de Hacienda, sino a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF, vaya nombrecito), un ente independiente de supervisión de las políticas presupuestarias de las administraciones públicas creado a instancias de la Unión Europea, con el mandato explícito de evaluar las previsiones macroeconómicas que subyacen a los presupuestos de las administraciones y el grado de cumplimiento de las reglas fiscales nacionales y supranacionales. Habría, pues, que modificar la Ley Orgánica para que fuese la AIREF quien estableciera los objetivos de déficit de cada administración pública, así como reconviniese, aceptase y/o rechazase los planes de equilibrio presupuestario que realicen las entidades subestatales, en lugar del Ministerio de Hacienda. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal actuaría como ente neutral y ajeno al juego político con lo que las conveniencias políticas dejarían de ser un factor y la actividad de supervisión de la estabilidad presupuestaria en las administraciones públicas ganaría en credibilidad…y en eficacia.

Dada la importancia de los poderes a ella encomendados, debería modificarse su mecanismo de elección, da tal modo que no fuera el Ministerio de Hacienda quien propusiera a su máximo responsable, aunque hasta ahora no cabe dudar de la independencia de su gestión, incluso con duras críticas al Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, para reforzar esa independencia su Presidente debería ser elegido por una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados y el Senado para un periodo superior a la legislatura (entre seis y diez años), de una terna propuesta de entre sus miembros por el Cuerpo de Economistas del Estado. No podrían pertenecer a esta terna quienes en algún momento de su vida hubieran sido cargos electos, miembros del Gobierno, de gobiernos autonómicos o altos cargos de las administraciones públicas. Se trataría de comenzar con este nombramiento la saludable costumbre británica de separar completamente la carrera política de la función pública, así como permitir que la carrera en la función pública permita el acceso a los más relevantes puestos de naturaleza técnica. Otro día me extenderé sobre este asunto.