Nueva regulación en el sector financiero para los activos inmobiliarios y nueva huida hacia delante. En el rugbi, cuando un jugador se siente presionado por los contrarios, puede optar por alejar el balón con un puntapié con la esperanza de que cuando caiga al suelo su equipo esté bien posicionado para jugarlo. Esa jugada se llama “patada a seguir”. En España durante los últimos años se ha seguido esta cuestionable estrategia, y así nos ha ido. Ahora parece que se intenta corregir ese error, pero sin demasiada decisión.
Los bancos y cajas se han convertido en las principales inmobiliarias del país adjudicándose viviendas y/o suelo a cambio de deuda. Así que, para no tener que adjudicarse más viviendas, renuevan año tras año los créditos que los promotores inmobiliarios no pueden ni podrán nunca devolver. Patada a seguir. Por todo ello, el escaso dinero del que disponen las entidades financieras se queda bloqueado en una actividad no rentable, como es actualmente el “ladrillo”, y no se destina a créditos para nuevas inversiones en actividades rentables que estimulen la economía. La nueva regulación intenta evitarlo obligando al sector financiero a asumir la pérdida de valor de los inmuebles y el suelo que poseen, para que tengan el incentivo de ponerlo en el mercado a precios más reducidos. Si el sector ya ha contabilizado como pérdida la caída de su valor, podrá deshacerse del “ladrillo” a ese precio reducido sin sufrir pérdidas adicionales, y si lo hacen al menos dispondrán del dinero de esas ventas para dedicarse a lo suyo: dar créditos a actividades rentables y obtener un beneficio con ello.
En general, creo que el real decreto de saneamiento del sector financiero diagnostica correctamente el problema, toma medidas en la dirección adecuada, pero se queda corto en la cuantía de las medidas establecidas. La “enfermedad” es la falta de solvencia de las entidades financieras a causa de los créditos incobrables concedidos al sector promotor/constructor durante la burbuja inmobiliaria. La “medicina” es incrementar las coberturas para los créditos al sector y favorecer las fusiones entre las entidades financieras más solventes y las menos solventes. Pero no “receta” la dosis adecuada de “medicina”, sino únicamente la dosis que el paciente puede asumir sin que necesite nuevas aportaciones de capital privado o público. Vayamos por partes.
Primero. Para los 73.000 millones de euros problemáticos en suelo se establece una cobertura del 80% para el suelo en manos del sector financiero y del 60% para el suelo financiado a promotores con problemas. Nada que objetar. Con el stock de vivienda pendiente de venta, no existe mercado para el suelo en nuevas promociones y su valor es muy reducido. En lo que respecta al suelo, problema solucionado.
Segundo. Para los 15.000 millones de euros problemáticos en forma de promociones inmobiliarias en curso se establece una cobertura del 65% para aquellas en manos de las entidades financieras, y del 50% para los créditos a promotores problemáticos. Correcto en mi opinión. La mayor parte de estas promociones no se terminarán y se establece un buen incentivo para que sólo lo hagan aquellas que se están ejecutando en buenas ubicaciones (nada de Seseña ni sitios perdidos sin luz ni agua), a fin de ponerlas en valor.
Tercero. Para los 87.000 millones en las viviendas terminadas recibidas en pago de deudas se establece una cobertura que variará entre el 25% y el 50%, según la antigüedad de su recepción. En la actualidad se provisionaban entre un 20% y un 30%. Se añade un incentivo más para que estas viviendas salgan al mercado a un precio inferior, pero se tratará de una salida escalonada (las viviendas más “antiguas” y más depreciadas primero), así que no cabe esperar ninguna avalancha de viviendas a precio reducido. Es un paso en la dirección adecuada, pero que se queda corta si lo que de verdad se pretende es “forzar” a las entidades financieras a deshacerse rápidamente de las viviendas ejecutadas. A precios de mercado, estas provisiones deberían oscilar entre un 35% y un 60%.
Cuarto. Para los 148.000 millones de euros de crédito inmobiliario que en principio no presenta problemas se establece una cobertura general del 7%. Pero esta provisión no parece suficiente incentivo como para que la banca no siga practicando la patada a seguir, es decir, refinanciar créditos a los promotores para no quedarse con activos que después deberá provisionar. Es difícil creer que el porcentaje de impagos (actualmente en el 9%) no continuará incrementándose hasta un valor similar o superior al de la anterior crisis inmobiliaria de 1992-93, donde alcanzó un 20% del total de créditos inmobiliarios vivos. Una cobertura general en torno a ese 20% hubiera sido más realista.
El problema de fondo es que ni se desea inyectar nuevos fondos públicos en el sector para recapitalizarlo, ni se admite la posibilidad de dejar quebrar a las Cajas pequeñas y mal gestionadas. Así es que la reforma se ha hecho al revés. En lugar de determinar el valor real de los activos en el mercado y aplicar la reducción resultante a los balances para sanear el sector, lo que se ha hecho es calcular cuál es el importe de pérdidas que el sector puede asumir por sí mismo (unos 50-60.000 millones de euros) y se han establecido las coberturas para que el resultado final sea ése. Mientras tanto se gana tiempo para preparar la “próxima reforma”. Así llevamos desde 2008 y así seguiremos durante varios años más, por lo que parece.
Sería injusto no reconocer un aspecto positivo de esta reforma: el drástico recorte en los sueldos y dietas establecido para los directivos de las Cajas con ayudas públicas. Un asunto que hasta ahora ni al Banco de España ni al Gobierno se le había pasado por la cabeza regular. Y es que los mismos “genios” financieros que arruinaron a sus Cajas y recibieron dinero público para mantenerlas a flote, se embolsaron durante 2011 casi 80 millones de euros como “premio” a su gran trabajo. No es que sea una gran cantidad si se compara con el tamaño del agujero generado, pero que siguieran viviendo a cuerpo de rey con dinero público clamaba al cielo.
La otra reforma clave pendiente es la laboral, que desconozco a la hora de escribir estas líneas, pero que debería haberse aprobado cuando se publiquen. Espero que no se quede también a mitad de camino y permita a las empresas flexibilidad suficiente para que despedir personal o cerrar no sean sus únicas opciones cuando las ventas caen, porque de otra forma, tal y como se avecina 2012, dentro de un año estaremos lamentando haber alcanzado los seis millones de desempleados. Confiemos.
